El Grupo de Investigación Interdisciplinario en Estudios de la Infracción Adolescente, llevó adelante el proyecto «Espacio de socialización y convivencia entre adolescentes que cursan medidas alternativas a la privación de libertad y actores sociales». El Portal de la Udelar dialogó con algunos de las docentes integrantes del equipo, para conocer más sobre este trabajo, Beatriz Sandra Leopold, de la carrera Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y coordinadora del equipo, Daniel Díaz del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho y Laura López, del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Udelar.
El equipo está integrado por docentes de las facultades de Psicología, Derecho, de las carreras Trabajo Social y Sociología de la FCS e historiadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Leopold explicó que los integrantes del Grupo venían teniendo con anterioridad múltiples relaciones de trabajo conjunto, en investigación, docencia y experiencias de extensión. Esta coincidencia motivó que decidieran presentarse en forma grupal al llamado I+D financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (Udelar). El Equipo llevó adelante el Proyecto «Universidad abierta», Espacio de socialización y convivencia entre adolescentes que cursan medidas alternativas a la privación de libertad y actores sociales, un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) en una convocatoria a proyectos con énfasis en Derechos Humanos 2020-2021. El Proyecto pensado originalmente para contribuir a la viabilidad de la suspensión condicional del proceso penal en materia adolescente, debió reorientarse, en virtud de la derogación que introdujera la Ley Nº 19.889 (Ley de Urgente Consideración de julio de 2020), de este mecanismo previsto en el Código del Proceso Penal. 
Los espacios
Leopold recordó que en el marco del Proyecto, buscaron espacios de socialización y convivencia para adolescentes que cursan medidas no privativas de libertad en el Programa de Medidas Socioeducativas Comunitarias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (PROMESEC-INISA). La definición de los espacios se realizó en conjunto con esta institución, que es la responsable de aplicar las medidas socioeducativas en Uruguay. En principio, habían pensado que los ámbitos de la práctica con los adolescentes fueran los de las facultades de Ciencias Sociales y de Psicología, pero a causa de la pandemia que provocó la suspensión de la presencialidad en la Udelar, esto no fue posible. Fue así que recurrieron al programa Apex (Udelar) con el que venían desarrollando desde hace mucho tiempo experiencias de prácticas preprofesionales, en especial en las carreras de Trabajo social y Psicología. A través del Apex se vincularon con el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro, lo que posibilitó que los adolescentes participaran de las experiencias de huertas que se desarrollan en el PTI. También se encontraron con la apertura de otros espacios importantes para el proyecto como el Museo de Arte Precolombino (MAPI) que habilitó que los adolescentes se integraran a experiencias de trabajo en todos los espacios que el museo tenía en funcionamiento, con el acompañamiento de docentes especializados en la materia y educadores de PROMESEC-INISA, lo que fue «muy interesante». Leopold resaltó que las actividades en los espacios de huertas propuestos por el PTI como en el MAPI, «tuvieron mucho sentido y fueron muy habilitantes». «La calidad de los espacios que se brindan, el sentido de las tareas que se ofrecen, es un elemento crucial de la propuesta», expresó.  
Objetivos
Uno de los objetivos fundamentales del equipo fue la socialización, la convivencia, la circulación por espacios institucionales, comunitarios, que frecuentemente no son los más habituales para estos jóvenes, así como comprender el funcionamiento de las medidas judiciales aplicadas a adolescentes mujeres dentro del Sistema Penal Juvenil Uruguayo. También apuntaron a poner en discusión y contrarrestar la apelación sistemática y mayoritaria a la privación de libertad que hace el sistema penal juvenil uruguayo, y a ofrecer otros canales posibles. «Esto es precisamente lo que planteamos con el Proyecto: ofrecer otros espacios de inserción, de socialización, de convivencia de los adolescentes, por fuera de la  privación de libertad, en relación con otros, en tareas cargadas de sentido, de valor para las instituciones y la comunidad», afirmó Leopold. López destacó que transitar por algunos espacios de la esfera pública, sea una universidad, un espacio universitario como el Apex o un museo, que para algunas personas es algo muy común, para las adolescencias con las que trabajaron no es algo habitual pero tampoco posible ni imaginable. Señaló que sentarse a comer juntos como lo hacían en el MAPI, no era común para los jóvenes que participaron del proyecto, pero tampoco para las personas que trabajan en estos lugares; «es entonces la posibilidad de ampliar el espacio público y fomentar ciertas capacidades en educadoras y educadores que les permitan pensar esta dimensión», expresó. 
Actividades y líneas a seguir
Leopold explicó que en el proyecto trabajaron con dos grupos mixtos de jóvenes: tres adolescentes en el MAPI y tres en el PTI del Cerro y en el Apex. «Cuando uno transita por estas experiencias en algún punto se reafirma la necesidad de ir por acá, de buscar otros espacios», afirmó. Díaz por su parte resaltó la importancia de la propuesta de involucrar a otros actores: «es imposible lograr procesos exitosos con los jóvenes que transitan el sistema penal sin tener una pata en la comunidad y sin involucrar a otros actores», sostuvo. 
Leopold destacó que en las actividades no sólo recibieron el apoyo y la disposición de todo el equipo de trabajo y de la dirección de PROMISEC, sino también de educadores que acompañaron el proceso, que iban con los jóvenes a los diferentes lugares y participaban con ellos de las propuestas. «Para nosotros esto abre una línea de extensión que hay que reiterar y profundizar», señaló. 
Algunos de los resultados de la propuesta son una serie de publicaciones en las que los investigadores difundieron los conocimientos generados y la instalación de un Diploma en Penalidad Juvenil, en el marco del cual se elaboraron una serie de publicaciones, «Los cuadernos del Diploma», que también incorporan estas experiencias. Leopold añadió que estas iniciativas, así como el trabajo y los espacios de diálogo generados con la Casa Bertolt Brecht, el Comité de los Derechos del Niño y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), tuvieron el objetivo de que los conocimientos generados en estas experiencias salieran del ámbito universitario y llegaran a actores que cumplen función clave en el sistema penal juvenil, ya sea en el ámbito judicial como en el operativo del INISA. Leopold señaló que en la actualidad el equipo se encuentra tramitando una segunda solicitud de financiación, en la próxima etapa del proyecto de resultar aprobado, el nexo establecido con PROMISEC continúa.
Cuestionar la privación de libertad como medida hegemónica
Leopold recordó que la hegemonía de la privación de libertad es un hecho histórico y dominante. Este dominio se da más allá de normas internacionales y nacionales como la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, creada en 1989, a la que Uruguay se adhirió en 1990, y el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia uruguayo del año 2004, que establecen que la privación de libertad debe ser el último recurso posible. Acotó que en Uruguay luego del código de 2004, en procesos del año 2008, 2011, 2012, hasta llegar al 2020 con la Ley de Urgente Consideración, todas las medidas normativas que se fueron tomando apuntaron fundamentalmente a incrementar la privación de libertad en materia penal juvenil. En este sentido el equipo tiene una posición completamente crítica del sistema, «que insiste en ir por la privación de libertad cuando hay suficiente evidencia de que no es el mejor camino en materia adolescente, en especial en las condiciones en las que se aplica, con limitada actividad y mucho encierro, oferta devaluada en términos educativos, recreativos, laborales y demás», sostuvo Leopold. 
López resaltó que otro aspecto a tener en cuenta es el vinculado a las consecuencias y efectos de privar de libertad a personas de entre 13 y 17 años. «Sabemos que siempre la privación de libertad tiene efectos terribles, pero en estas poblaciones aún más, y en los últimos tiempos existen algunos datos extremos que reflejan estos efectos, hubo algunas noticias no demasiado difundidas acerca de casos de suicidio de adolescentes privados de libertad, situaciones que se repetían y nos llegaron a través de educadoras del INISA», manifestó.
Los investigadores argumentan también que los números de delitos cometidos por menores de edad en Uruguay no justifican el aumento de las penas en esta población. López resaltó que más allá de pequeñas variaciones, el porcentaje de infracción de adolescentes en relación al total de delitos se ha mantenido en valores de entre un 3 y un 5%, a pesar de esto en los medios de comunicación los delitos adolescentes tienen una presencia mucho más ampliada, que no representa esta baja incidencia. Díaz reafirmó este hecho, apuntó que aunque entre el 2014 y 2015 se produjo un ingreso importante de adolescentes al sistema penal juvenil, producto de la reforma de 2013 que establecía las penas preceptivas, el porcentaje de adolescentes dentro del Sistema nunca ha salido de esta franja. 
Díaz recordó que mientras se dio un momento de baja histórica en el porcentaje de adolescentes privados de libertad, entre el 2021 y el 2022 esta población parece estar incrementándose muy paulatinamente, aunque sigue sin superar el 5% del total de delitos. Aclaró que es muy pronto para saber si este crecimiento del porcentaje de adolescentes privados de libertad continuará y se establecerá como tendencia permanente, pero es un llamado de atención. «Habría que esperar a ver y analizar los datos de este año», afirmó. 
Leopold señaló que «la limitada presencia de los adolescentes en el conflicto penal nos interpela en relación a esta incapacidad manifiesta de dar una respuesta adecuada y en clave de derechos a esta población reducida». «La pregunta que uno podría hacerse sería: ¿por qué no podemos brindar una respuesta contundente, en materia de derechos humanos, en términos de inclusión social y de integración a un número tan limitado de adolescentes?», añadió. 
En cuanto a la respuesta observada en el porcentaje de delitos en la población adolescente, en períodos en los que se impulsó la aplicación de medidas alternativas, Díaz señaló que entre 2018 y 2019 cuando se empezaron a registrar los primeros datos de la aplicación de la suspensión condicional del proceso, se pudo ver que hubo una buena receptividad por parte de los operadores jurídicos, lo que obligó al INISA a generar espacios de encuentro con medidas alternativas, ámbitos educativos, trabajos comunitarios, entre otros, lo que tuvo un impacto importante. Añadió que en la discusión que se generó en torno a la suspensión condicional del proceso, estos datos no aparecen como un elemento fuerte para argumentar a favor de la necesidad de conservar este instrumento. «Hay una desconexión entre lo que tiene que ver con el análisis de la eficacia de determinados instrumentos que se colocan y las modificaciones legislativas que, en esta idea de que lo único que sirve es la privación de libertad,  parecen caminar por otro», sostuvo Díaz. 
Leopold recordó que en distintas instancias de discusión del siglo XXI, como la que giró en torno a la baja de imputabilidad, se manejaron argumentos que ya se esgrimían en el siglo XX, entre ellos el que sostiene que los jóvenes cada vez son más violentos. «La pregunta es ¿por qué perdura esta argumentación aunque no tiene fundamentos reales?», reflexionó. Añadió que no sólo se conserva en el tiempo el discurso punitivo en relación a los adolescentes en conflicto con la ley sino también la mirada hacia las adolescencias. «Se los observa siempre en clave de sospecha desde la vida social, ya no se trata de aquél niño o niña que podía ser regulado, controlado por la mirada adulta sino que pasa a ser un sujeto que tiene la posibilidad de agredir», sostuvo. Entiende que por esto recaen sobre ellos las sospechas de todos los dispositivos sociales de control y de socialización. Sostiene que esta recurrencia histórica y en la mirada adulta sobre los adolescentes, al igual que otros argumentos que se repiten, no son sólo discurso institucional, discurso político, o incluso normativo o disciplinar, sino que también tienen la solidez de convertirse en discursos de sentido común, y que por tanto adquieren una fortaleza en la vida social muy significativa, como la asociación que se hace entre la pobreza y el delito.
Díaz añadió que además desde lo normativo se parte de reformas que toman casos puntuales, determinados episodios que presentan gravedad, pero no forman parte de una generalidad de los y las adolescentes que ingresan a los sistemas penales. Estos casos llegan a la discusión parlamentaria, se utilizan como argumentos y se generan modificaciones de todo el sistema penal juvenil. Un ejemplo de esto es la reforma de la ley 19.055 que establece penas preceptivas para los adolescentes privados de libertad tiene relación con un delito concreto, reafirmando esta mirada instalada en la sociedad de la que hablaba Leopold, de los adolescentes como personas cada vez más violentas. «Todas las normativas posteriores al código de la niñez y la adolescencia del 2004, se originaron de esta manera, partiendo de un caso puntual concreto y modificando la normativa de todo el sistema penal juvenil, lo que es un problema a la hora de legislar», concluyó Díaz.
Las adolescentes en el sistema penal uruguayo
López destacó que una de las características del grupo de adolescentes mujeres en el sistema penal es que se trata de un número ínfimo, alrededor de 6 o 7, en el total de adolescentes privados de libertad, que como había señalado anteriormente no supera el 5% del total de delitos. Opinó que este número tan reducido en relación al de varones las torna muy invisibles en varios aspectos. Uno de ellos es la distribución diferencial del castigo que se manifiesta en que mientras existen diferencias entre los centros de privación de libertad para adolescentes varones, algunos son más abiertos, otros menos abiertos, otros más cerrados, el único centro de privación de mujeres adolescentes que funciona, se caracteriza por no tener ninguna graduación, ni diferencia por edad ni por el grado del delito (si se trata de primarias o reincidentes). 
Asimismo, resaltó otro factor que es parte de la tradición y ha estado muy presente en el abordaje de las mujeres privadas de libertad en todo el siglo XX, no sólo en Uruguay sino también en el mundo: el vínculo de la religión con el abordaje de sus problemáticas. Esto repercute en aspectos de la realidad de estas jóvenes, que tienen que ver con el cuerpo, la sexualidad y la maternidad, entre otros. Resaltó que todas o casi todas las adolescentes que llegan al sistema penal juvenil vienen de historias vinculadas a violencias sexuales de distinto tipo, en algunos casos muy extremas. Una de las investigadoras del equipo profundizó en este tema e identifica que es frecuente que la institución realice una una negación de la violencia sexual, invisibilice estas problemáticas y haga hincapié en una hipersexualización de estas jóvenes y no en las violencias que sufrieron, frente a las que muchas veces desarrollaron estas características como mecanismos de sobrevivencia. Otra línea común en las adolescentes privadas de libertad es la maternidad, con hijos e hijas muy pequeñas a cargo, no está regulado como en las personas privadas de libertad mayores de edad, si pueden vivir con sus hijos en los centros de reclusión, cómo y en qué condiciones.
Fuente: Portal de la Udelar disponible Aquí