Con el foco en variables como la tierra, las mercancías y el ambiente, el Observatorio de la Cuestión Agraria en Uruguay (OCAU) lanzó su informe anual, que recoge datos y reflexiones sobre el agro uruguayo.
En esta edición, se analizaron los sucesos vinculados a la temática durante 2023, año en que Uruguay enfrentó desafíos como la sequía y la crisis hídrica, a la vez que profundizó en un modelo productivo forestal-celulósico que tiene consecuencias negativas en el ambiente.
De acuerdo a las páginas de introducción del informe, su objetivo es abordar los aspectos relevantes que ocurrieron durante 2023, en función de las categorías más sensibles a los cambios agrarios: “mercado de tierra; composición social del trabajo y el empleo; capital constante; mercancías agrarias; discursos de movimientos socioterritoriales”.
En principio, en el documento se analiza el contexto político y productivo a nivel mundial y regional. “Latinoamérica no tiene una posición uniforme en relación a este mundo multipolar”, indicaron y destacaron el papel de China como principal destino de las exportaciones sudamericanas. A esto sumaron que las temperaturas récord, asociadas al cambio climático, generaron sequías, fenómenos climáticos como el Niño y el brote de influenza aviar.
También se refirieron a la sequía que afrontó Uruguay desde 2020 a 2023, la crisis hídrica y a los derrames de sustancias tóxicas que realizó UPM. Las temáticas vinculadas al agua tuvieron un espacio particular en el contexto, ya que se mencionaron iniciativas como la universalización del saneamiento, el proyecto Neptuno, el Data Center de Google y la producción de hidrógeno verde en el país.
Luego del análisis contextual, el informe presenta una serie de variables vinculadas con la cuestión agraria. En principio, se analizaron varios aspectos relacionados a la tierra. Destacaron que hubo una reducción de un 18% en las operaciones vinculadas al mercado de tierra, plantearon que los precios se mantienen fluctuantes y que el Instituto Nacional de Colonización (INC) continúa con una política de no adquirir nuevos predios.
Las mercancías son otra variable que incorporó el estudio. Uno de los datos más relevantes es que hubo una caída de un 13% de las exportaciones globales con respecto a 2022 y que 10 empresas exportaron un 36% del total del país, lo que significa un 4% del PBI.
Como comentarios y reflexiones, sostuvieron que continúa la disminución en los puestos de trabajo en el sector agropecuario y en la cantidad de empresarios rurales que cotizan en el Banco de Previsión Social, así como la tendencia en la concentración del capital y su extranjerización. Añadieron que Uruguay está realizando un “cambio potente” en su matriz productiva, ya que se está profundizando en un modelo forestal-celulósico.
Los desafíos en materia ambiental fueron otro punto relevante, ya que se hizo referencia a las consecuencias del proyecto Neptuno y la producción de hidrógeno verde. También subrayaron su preocupación por el desarrollo del capitalismo en el agro, que manifiesta cada vez más sus impactos negativos sobre la desigualdad y el ambiente. En ese marco, plantearon que es “necesario colectivizar esfuerzos de resistencia frente al avance del capitalismo sobre los bienes comunes”, especialmente, sobre el agua.
“El agua es un elemento fundamental para que el sistema capitalista siga funcionando”
El Observatorio lanzó el informe el 28 de noviembre, durante una actividad abierta en el Espacio Interdisciplinario de la Udelar. El evento contó con una mesa de intercambio en la que participó Ángela Garofali, de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco), Marcos Umpierrez, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, y Carla Kruk, docente del Centro Universitario Regional Este. La primera en tomar la palabra fue Garofali que señaló que el informe “nos obliga a levantar la mirada para ver la coyuntura y estructura agraria” de Uruguay.
A continuación, presentó información sobre las actividades del INC durante este periodo de gobierno. En ese sentido, afirmó que en 2023 se ofrecieron 200.000 hectáreas al INC, de las cuales solamente compró 665 hectáreas, es decir, un 0,3% del total. A su vez, en el periodo comprendido entre 2020 y 2024, el INC adquirió un total de 8400 hectáreas, un número muy por debajo de las adquisiciones que realizó en los cuatro años previos.
Otra de las puntualizaciones que hizo fue en referencia a la eliminación de un 66% de las vacantes en puestos de trabajo en el INC, lo que estuvo acompañado por un “fuerte recorte del presupuesto”. Además, señaló que la Ley de Urgente Consideración generó que 60.000 hectáreas de tierra salieran de la órbita del INC y pasaran al mercado de tierras con chances de ofertarse a la agroindustria por su localización y fertilidad.
El siguiente en tomar la palabra fue Umpierrez, que centró su presentación en el vínculo entre la agroproducción y el agua. En ese marco, recordó la importancia del río Santa Lucía, cuya cuenca es fuente de agua para el 60% de la población de Uruguay, y señaló las consecuencias que tuvo la sequía en el acceso a agua potable. Umpierrez explicó que la situación de los recursos hídricos, la del INC y los datos del informe del OCAU se vinculan con un modelo extractivista en el que Uruguay y la región están comprometidos, y que tiene como principal objetivo la acaparación del territorio y el agua.
En ese sentido, planteó que la sequía dejó “muy claro” que el país no tiene un plan de contingencia. Además, a través de iniciativas como el proyecto Neptuno, se “pretende seguir privilegiando la privatización del agua”. “No es ninguna novedad que hoy por hoy el agua es un elemento fundamental para que el sistema capitalista siga funcionando”, afirmó.
Para Umpierrez es necesario que el Estado tome más acciones concretas para enfrentar las consecuencias de este modelo de producción que “sigue contaminando con agrotóxicos” y continúa expulsando a las personas de las granjas. En cuanto al rol de la población, reconoció que “la gente se está organizando y están sucediendo cosas importantes”, pero todavía “hace falta mayor organización y compromiso”.
A continuación, tomó la palabra Kruk, que valoró como “fundamental” la visión “multisectorial y multidisciplinaria” del informe del OCAU. Planteó que la salud y la alimentación están “directamente relacionadas con la cuestión agraria”, ya que las formas de producción afectan negativamente el bienestar y la educación de las personas, principalmente a los niños y niñas. En ese sentido, indicó que la zona noreste del país es de las más productivas, pero es uno de los territorios con menor educación, mayor desempleo y un acceso más comprometido a la salud.
Además, apuntó que, como dice el informe del OCAU, en Uruguay se está favoreciendo la forestación, sector en el que se utilizan sustancias tóxicas que tienen efectos negativos en la salud y que terminan en el agua. “La celulosa consume 10 veces más agua que todo lo que se potabiliza en Uruguay, la soja consume 17 veces más y la carne 20 veces más. Entonces no es sequía, es saqueo. Se está utilizando el agua para la producción y no para lo que indica nuestra legislación, que es para la gente”, agregó.
En cuanto a la forma de enfrentar estos desafíos, Kruk apuntó que “no hay una manera única” de abordarlos. “Van a ser pequeñas luchas en distintos lugares las que van a ir ganando espacios y construyendo una diversidad de posibilidades”, subrayó.
Acceder al informe: AQUÍ
