Fotografía. Personas sentadas a una mesa redonda en la Sala Maggiolo de Universidad de la República.

Uruguay ante el Comité Contra la Tortura de la ONU

Los días 5 y 6 de mayo el Comité contra la Tortura, cumpliendo con su labor de monitoreo de la Convención contra la Tortura, examinó al Estado uruguayo quien presentó su cuarto informe periódico. En este marco, el viernes 6, el Área de Derechos Humanos de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (Udelar) participó en la presentación del Informe País Uruguay ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.

En la actividad, realizada desde la Sala Maggiolo de Udelar, hicieron uso de la palabra Valentina Fernandez, subdirectora de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Cancillería; Xavier Mena, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Flor de María Meza, coordinadora del Área de Derechos Humanos de SCEAM; Mariana Mendy, coordinadora académica de SCEAM; y Graciela Dede, asesora en Derechos Humanos de la Coordinadora Residente de ONU en Uruguay. Posteriormente, se realizó una transmisión simultánea de la presentación de la delegación uruguaya ante el Comité.

Desde el Área de Derechos Humanos del SCEAM se ha acompañado al grupo Mujeres Denunciantes y al Colectivo Memoria en Libertad desde hace varios años, trabajo que se articula con otros servicios de la Universidad, y elaboraron el informe alternativo que fue enviado oportunamente al Comité Contra la Tortura.

Mendy resaltó la importancia de esta actividad y poder apoyar al grupo de Mujeres Denunciantes y al colectivo de Memoria en Libertad, porque «más allá de los informes más oficiales, en esta actividad del Comité Contra la Tortura de la ONU sabemos que se escucha a las organizaciones de la sociedad civil y aún permanecen una serie de hechos y de situaciones de injusticia que se perpetúan en el tiempo y que es necesario traer y volver a traer una y otra vez en tanto no tienen resolución». En ese sentido, el Área de Derechos Humanos de SCEAM, que «es un conjunto de compañeras especializadas en estos temas y en cumplimiento con el Artículo N.º 2 de la Ley Orgánica de la Udelar: preocuparnos por los problemas más sensibles de la sociedad y del país es que se ha desarrollado este trabajo en conjunto con ambos colectivos, y en función de ese trabajo se ha redactado el informe alternativo».

A continuación, Valentina Fernandez dijo que Uruguay está comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos. Señaló que durante este intercambio con el Comité la delegación uruguaya tiene el objetivo de resaltar los cambios ocurridos y los avances realizados en nuestro país desde la presentación del informe previo, considerando la dura realidad que los años de aislamiento generaron en todo el mundo y a todo nivel. Destacó que Uruguay ha ratificado todos los tratados fundamentales de protección de derechos humanos y sus protocolos facultativos. Agregó que los avances legislativos en esta temática en el orden interno en materia de derechos humanos «han sido bien relevantes, el ordenamiento jurídico vigente  ha ampliado significativamente los derechos de los que disfrutan uruguayos y uruguayas, tanto los políticos y civiles como también los sociales, económicos y culturales. Existen hoy mecanismos más fuertes para su tutela».

«Nuestro país ha encarado con sentido de urgencia la lucha contra la tortura, los malos tratos o degradantes en cualquier ambito estatal», sostuvo. Añadió que Uruguay saluda esta oportunidad única en la que nuestra delegación se presenta con espíritu abierto y dispuesto a mantener un diálogo constructivo que permita culminar el proceso de incorporación de los estándares de la convención a la normativa vigente en nuestro país, porque «todavía queda mucho por hacer. Ha sido un proceso en el que se ha producido avances y también han existido dificultades, y por eso Uruguay encara esta instancia como una forma de evaluación de lo realizado y se tendrán en cuenta las opiniones de los miembros del Comité y también de la sociedad civil, como importante aporte para mejorar la calidad de las políticas nacionales y la eficacia de los instrumentos de defensa de los derechos humanos».

Xavier Mena reconoció el trabajo del mecanismo nacional de seguimiento, porque es una herramienta que posibilita poder monitorear de forma rigurosa estos procesos, el acceso público a las recomendaciones y observaciones de órganos de tratados. Señaló que la proyección pública de este intercambio de la delegación de Uruguay con el Comité Contra la Tortura en Ginebra «permite acercar a este órgano de tratado a los diversos actores de la sociedad aquí presentes».

Flor de María Meza agradeció la presencia de autoridades y la sociedad civil y especialmente a los grupos que presentaron informes alternativos como Serpaj, Amnistía Internacional Uruguay, el Grupo Unidos por Derechos Humanos y «a los colectivos a los que nuestra Universidad viene acompañando desde hace años en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral como el Grupo de Mujeres Denunciantes y el Colectivo Memoria en Libertad», a quienes agradeció la confianza.

Explicó que desde el área de Derechos Humanos, junto a las docentes Tania da Rosa y Natalia Montealegre, apoyaron y aportaron para construir junto a estos colectivos el informe alternativo que se presentará ante el Comité Contra la Tortura. «Nuestras organizaciones están reclamando que se destrabe la impunidad judicial y la impunidad estatal respecto del caso de las mujeres denunciantes y de todas las mujeres que fueron víctimas de violencia basada en género durante el terrorismo de Estado y también de las personas que siendo niñas, niños y adolescentes fueron vulneradas en sus derechos con actos de tortura, y que sean reconocidas como víctimas directas como lo recomienda la Institución Nacional de Derechos Humanos desde el año 2019». Asimismo, auguró que «este encuentro puede continuar después de esta revisión respecto a las obligaciones del Estado Uruguayo y que podamos seguir construyendo conjuntamente esta utopía: la vigencia plena de los derechos humanos para todos y todas».

Por su parte, Graciela Dede expresó que realizar un acto público de estas características en el marco de la comparecencia de la delegación uruguaya ante el Comité «es un ejercicio muy importante para el país», porque «es un acto de encuentro entre diversos actores como la sociedad civil, la academia, ONU y el Estado». Explicó que esta iniciativa Acercando Ginebra-Uruguay comenzó el 2016 cuando el país comenzó a integrar diversos comités de ONU y se realizan estás actividades con la sociedad civil. En este marco, adelantó que en el mes de julio la delegación de Uruguay comparecerá ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos y en setiembre ante el Comité de Desapariciones Forzadas. 

Cabe señalar que el informe alternativo que se presentó por parte de los colectivos y el área de Derechos Humanos de SCEAM se centra en: 1) la situación de impunidad judicial; la revictimización y la ausencia de la perspectiva de género en el acceso a la justicia, y la falta de reparación integral que enfrentan las mujeres víctimas de tortura y violencia sexual durante la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado; y 2) la falta de reconocimiento y de reparación integral efectiva por parte del Estado, a quienes siendo niñas, niños y adolescentes fueron víctimas directas de graves vulneraciones a sus derechos humanos como resultado del accionar ilegítimo de agentes del Estado. 

El grupo integrado por ex presas políticas, quienes se identifican como Mujeres Denunciantes, se encuentra conformado por víctimas de la tortura y violencia sexual ejercida por agentes del Estado y civiles colaboracionistas en el período referido. Al momento de los hechos, estas mujeres eran militantes de distintos partidos políticos y gremios, y estuvieron detenidas en diferentes centros de detención en todo el país. En el caso del Colectivo Memoria en Libertad, sus integrantes fueron víctimas directas de la actuación ilegítima y terrorismo del Estado durante el período 1968 -1985, cuando eran niñas, niños y adolescentes y sufrieron múltiples vulneraciones a sus derechos humanos, cuyos efectos continúan produciéndose en la actualidad.

Acceda al informe alternativo del Grupo Mujeres Denunciantes, Colectivo Memoria y DDHH-SCEAM Aquí.

Fuente: Portal de la UDELAR, disponible Aquí

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