Violencia sexual contra mujeres en dictadura: justicia y reparación que no llegan

Se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repùblica (Udelar) la mesa de diálogo Verdad, justicia y reparación: acceso a la justicia con perspectiva de género para visibilizar la importancia de esta mirada como herramienta para fortalecer el acceso a la justicia en situaciones marcadas por relaciones de poder y atravesadas por estereotipos de género.

En la actividad participaron Julissa Mantilla, relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Silvia Sena, en representación del grupo de mujeres denunciantes ex presas políticas; María Noel Leoni, directora ejecutiva adjunta del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Azul Cordo, periodista, activista e investigadora de las temáticas derechos humanos y feminismo y Flor de María Meza, coordinadora del Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de Udelar. 

Moderó la mesa Mariana Achugar, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, quien señaló que esta actividad se organizó en conjunto con el Área de Derechos Humanos de SCEAM y el CEJIL con el apoyo del Grupo de derecho y género de la Facultad de Derecho, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y la resistencia a la dictadura en Uruguay. Indicó que esta mesa surgió a partir del trabajo que han estado realizando Flor de María Meza y María Noel Leoni en colaboración con el Grupo mujeres denunciantes -integrado por ex presas políticas, víctimas de tortura y violencia sexual durante el período de terrorismo de Estado en Uruguay-, con el apoyo de la Cátedra Unesco.

La actividad se propuso abordar «la perspectiva de género como herramienta para fortalecer el acceso a la justicia en situaciones marcadas por relaciones de poder y atravesadas por estereotipos de género, en las que se producen múltiples vulneraciones a los derechos humanos», indicó. Remarcó que al diseñar estrategias que permitan materializar el derecho a la igualdad, tales como las normas del derecho internacional de los derechos humanos, es necesario identificar «la manera diferenciada en que mujeres y disidencias son vulneradas al transitar o acceder a la justicia».

«Tener el derecho a denunciar y poder ejercerlo»

Julissa Mantilla propuso algunas reflexiones generales con base en su experiencia en la Comisión de la Verdad del Perú, donde incorporó el enfoque de género al investigar los casos de violencia sexual. Relató que en distintos países de la región, ya sea en relación con dictaduras o con conflictos armados, las historias de las mujeres como sobrevivientes o buscadoras de justicia han estado totalmente invisibilizadas. Esto se explica porque en el derecho «se asume que hay una experiencia neutra que se aplica a todos y todas cuando en realidad ha habido siempre un androcentrismo, es decir, un modelo de ciudadano masculino de clase media alta en el cual no han estado incluidas las personas indígenas, ni las afro ni quienes están en situación de discapacidad y sin duda, las mujeres tampoco han sido visibilizadas», resaltó.

En cuanto a la historia del derecho internacional, señaló que en 1979 se aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y «es recién en 1993 en la Declaración de Viena donde se dice que los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos». En 1994 en la Convención de Belém do Pará, por primera vez se reconoce la violencia contra la mujer y los Estados de la región acuerdan prevenirla, sancionarla y erradicarla, informó.También mencionó que la CIDH, «que acaba de cumplir 60 años, recién hace un par de años por primera vez tuvo una junta directiva de mujeres» y ahora, por primera vez en su historia, esta Corte tiene tres juezas. Esto demuestra que «no hay una aparente neutralidad» sino que «se ha invisibilizado la historia de las mujeres y con eso también la historia de sus propias violencias», destacó. 

Mantilla entiende que la jurisprudencia a nivel nacional e internacional en derechos humanos se ha consolidado a partir la información que surge por las dictaduras del Cono Sur sobre la desaparición forzada, la tortura y la detención arbitraria. La relatora planteó que «la pregunta que podríamos hacernos en este ámbito es por qué sí se podía investigar la desaparición forzada o la ejecución, y no la violencia sexual». Porque «cuando hablamos de lucha contra la impunidad, esa lucha tiene que tener esta visión diferenciada», aseguró.

Se refirió a su experiencia a cargo de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad del Perú, con víctimas del conflicto armado vivido en este país entre 1980 y 2000. Señaló que existe la idea de que las mujeres no hablaban de la violencia sexual que habían sufrido, y cuestionó, «si era cierto, ¿por qué iban a contarlo si cada vez que una mujer cuenta que la han acosado o la han violado, nadie le cree?». «Tuve el honor de conocer a víctimas directamente e intercambiar con ellas» y ver cómo y por qué callaron ciertas violencias y «crearon nuevas historias», expresó. Relató el avance que realizó Perú en su jurisprudencia a partir del trabajo con organizaciones sociales de mujeres, al incorporar la violencia sexual definida como cualquier forma de agresión sexual donde no hay consentimiento, así como el trabajo realizado al empezar a preguntarse «qué había pasado con los hijos e hijas de las personas desaparecidas». Enfatizó que estos temas que se refieren al género, a la familia, a los niños y niñas y a las maternidades siempre pertenecieron «al ámbito de lo privado y no al ámbito de lo jurídico».

También hizo referencia al sistema de justicia transicional de Colombia, el cual se creó con un mandato específico de género, con un enfoque interseccional, intercultural y también psicosocial. Indicó que la Comisión de la Verdad de ese país publicó un informe recientemente en el cual incluye el concepto de violencia reproductiva, que refiere a aquellas mujeres que fueron forzadas a un aborto mediante la inyección de anticonceptivos.

En este sentido, reflexionó sobre «tener el derecho a denunciar y poder ejercerlo» porque «si no se crean las condiciones, eso nunca va a pasar», explicó. «No es que las mujeres no hablan; no hablan al menos que haya espacios de confianza», aseguró. Propuso como ejercicio consultar a las mujeres presentes en la sala, pidiendo que levantaran la mano aquellas que nunca hubieran sufrido un hecho de agresión sexual -acoso, violación, tocamiento indebido o comentarios acosadores en la calle-. Ninguna de las mujeres presentes levantó la mano. «Eso es lo que se considera normal», reflexionó, «y muchas de nosotras somos profesionales y por diferentes razones no hemos denunciado: porque nos da miedo que no nos crean, porque era un familiar, porque no tenía prueba, porque pasó en la calle cuando me tocaron y ¿a quién voy a denunciar?», indicó. «Creo que esto también permite entender lo difícil que es la denuncia y también que hay que desmitificar esa idea de que “si te pasó, ¿por qué no denunciaste?” o “por algo no denunciaste”», explicó. Por último, se refirió a las mujeres denunciantes que se encontraban en sala y les expresó su respeto y esperanza: «yo las miro a ustedes con un enorme respeto porque hay que ser valiente para estar aquí y para seguir apostando cuando es tan difícil que les crean y cuando es tan difícil en un proceso penal que puede durar mucho tiempo».

«Intentaron quebrarnos pero no pudieron»

Silvia Sena contó cómo llegaron a unirse y realizar la denuncia colectiva. «Nosotras fuimos y somos luchadoras sociales y políticas, hemos tenido esta actividad desde hace muchos años y muchas continuamos», señaló. Hace 12 años denunciaron haber sufrido violencia sexual durante la dictadura, informó, pero agregó que esta violencia «se ejerció sobre todas las mujeres» que fueron detenidas. El grupo está integrado por ex presas que tienen hoy entre 60 y 80 años de edad; pasados estos 12 años, «las que estamos en condiciones de movernos y de estar presentes todavía, seguimos dando cuenta de nuestro testimonio», indicó.

Señaló que entre 1986 y 2011 debido a la Ley de Caducidad vigente en Uruguay, «era inviable hacer denuncias que tuvieran consecuencias judiciales». Igualmente en ese período se comenzaron a reunir «porque nosotras íbamos a denunciar existieran o no existieran las condiciones para hacerlo y teníamos que demostrar que lo que nos hicieron había sido un delito». Afirmó que «nuestra batalla fundamental es por construir la memoria y la verdad, dar testimonio de lo que sucedió, de lo que merece ser conocido por la sociedad y castigado por un Estado que se construya sobre bases democráticas». Es por eso que durante el transcurso de la denuncia, han tratado de visibilizar cómo el Estado que debió proteger a sus ciudadanos y ciudadanas en esos tiempos, vulneró sus derechos, aseguró Sena. 

En 2011, las modificaciones legales restituyeron su carácter de delitos de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1.° de marzo de 1985, explicó, por lo cual presentaron la denuncia. «En ese momento éramos 28 mujeres que queríamos iniciarla, 26 la firmamos, hubo dos compañeras que no pudieron concretarla por temas emocionales, porque son procesos que no han sido sencillos para ninguna de nosotras. Hoy hay tres de nosotras que ya no están», relató. «Llevamos 12 años en el periplo en el sistema judicial y el desgaste que esto ha implicado, pasando por diferentes fiscales y jueces. Algunos no estaban en conocimiento de  lo que había sucedido y nuevamente había que darles contexto y de vuelta pasar por esa situación, convivir con los propios denunciados por nosotras, que nos agredían y provocaban. Además tuvimos pericias psiquiátricas y tuvimos que denunciar nuevamente ante los abogados de los perpetradores. Es decir, la revictimización se dio una y otra vez», describió. 

Señaló que la creación de la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, a pedido de varios colectivos, se concretó y es muy importante, agregó que ha resultado un cambio de calidad en cómo se concentran las denuncias y los datos y cómo las personas que trabajan allí conocen el entorno de estos casos. Sin embargo, «la perspectiva de nuestra denuncia en nuestra justicia es muy desesperanzadora porque tenemos más de 100 denunciados y sólo dos sentenciados y dos procesados. Ese avance es muy lento», aseguró. 

«Queremos para las generaciones futuras que la vía de la justicia y de reconocer las violaciones que hubo en este país se puedan garantizar desde el Estado», afirmó. Asimismo, reconoció que en los últimos años han valorado la posibilidad de presentar la denuncia ante la CIDH con el propósito de que el Estado uruguayo sea obligado a reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que «deba condenar estos crímenes y estas prácticas que han sido naturalizadas a través de la historia y que se reconozca de forma pública ante la sociedad que estos se deben sancionar». «La garantía de no repetición para nosotras es lo que podemos recibir como mayor reparación», expresó. «Fuimos y somos luchadoras sociales, intentaron quebrarnos pero no pudieron», concluyó. 

Sin perspectiva de género en la política de reparación

Por su parte, María Noel Leoni entiende que si bien han habido avances, en Uruguay no hay una política integral que ponga en la centralidad a las víctimas y tenga a la verdad, la memoria y la justicia como un objetivo. «Esto nos tendría que importar y movilizar a todos y todas; la impunidad del pasado que no resolvemos, es la impunidad del presente», afirmó. Considera que hay un proceso de justicia transicional pendiente y Uruguay tiene una deuda histórica con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, con sus familiares y en particular con las mujeres, puntualizó. En este sentido, valoró la importancia de la denuncia de las ex presas porque la violencia sexual «era una práctica utilizada para castigarlas por ser mujeres», por tanto «es un caso que necesariamente tiene que ver con el género y pensar en la respuesta de justicia o de reparación ante estos casos sin hacerlo desde una perspectiva de género es negar la justicia», aseguró. 

Asimismo, entiende que en este caso el Estado tiene responsabilidad en dos dimensiones: por un lado, porque implica la violación a los derechos humanos durante la dictadura y por eso comparte varios de los obstáculos comunes en estas situaciones, tales «como la falta de justicia especializada -más allá de la Fiscalía especializada-, ya que no se investiga de oficio, se permiten en las causas las maniobras dilatorias por parte de la defensas que generan retardos injustificados y con el paso del tiempo no se reconocen como crímenes de lesa humanidad». Además, es un caso de violencia sexual, indicó, que presenta los obstáculos que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual dentro y fuera de la dictadura. Observó que no sólo hay más de 100 denunciados y no están siendo investigados, sino que el caso se encuentra en la etapa de presumario, es decir que 12 años después el proceso sigue en su etapa inicial. «Estas discusiones tendrían que estar pasando en la Justicia en Uruguay», apuntó, «es clave la falta de perspectiva de género en nuestro país en la política de reparación». Por último, entiende que la Justicia internacional tiene un rol muy importante que cumplir y hay una oportunidad muy grande de avanzar en ese sentido.

Justicia de género

Azul Cordo expresó que los hechos relatados por las anteriores panelistas son cada vez más del «pasado presente» porque se sigue luchando por conseguir memoria y justicia. También afirmó que «la violación es el infierno más temido para todas nosotras, como mujeres en cualquier sociedad que es misógina, machista, racista, xenófoba y que es patriarcal». Contó que en Uruguay se han realizado dos encuestas nacionales de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones y la última, de 2019, indica que «ocho de cada 10 mujeres hemos sufrido o vamos a sufrir alguna situación de violencia basada en género en algún momento de nuestras vidas y esto representa alrededor de un millón cien mil personas en este país». 

Se refirió también a «cómo nuestras madres nos han criado para protegernos de las violencias que sufrimos las mujeres» y las estrategias que se generan entre amigas «para cuidarnos, como buscar las calles más iluminadas, ir en grupo, ir con las llaves en la mano. Vamos pensando en cómo defendernos y avisamos por mensaje cómo llegamos». Entiende que esto es parte de «cómo buscamos nuestra justicia de género con nuestras propias manos ante la soledad y la falta de respuestas estatales». Considera que el Estado, todas y todos los actores sociales tienen responsabilidad en esta problemática. Además, entiende que es clave ver a los actos de violencia sexual como delitos de lesa humanidad y que obtengan justicia cuanto antes en las instancias nacionales e internacionales. Invitó a pensar en otras formas de hacer justicia y en cómo esa violencia también es un «acto de disciplinamiento para las nuevas subversivas que nos hemos corrido hoy de la cis-heteronorma, de seguir el mandato de tener un patrón o un marido, ser una propiedad, cómo es un mensaje sobre los cuerpos feminizados de aquellas que pensamos por nuestra cuenta, de aquellas que pensamos de manera colectiva y eso hoy quizás, casi a modo de micro-política. Creo que es algo revolucionario».

Citó a la ex presa política Mirta Macedo, quien en 2011 en el informe de Derechos Humanos de SERPAJ expresó que «muchas sentíamos que habían roto nuestra dignidad, que no solo se habían apropiado del cuerpo sino de nuestras vidas, de nuestros derechos, de nuestras subjetividades, que no nos habían permitido construir proyectos de vida como hubiéramos querido. Que nos habíamos instrumentado para silenciar el dolor y poder sobrevivir, solamente sobrevivir». También recordó a María Luz Menéndez, otra de las denunciantes quien diez años después dijo: «cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada». En este sentido, se preguntó qué se puede hacer desde el periodismo y cómo involucrar a las y los colegas en estos temas, consideró que quizás como un compromiso social y político, podrían «construir de nuevo esa dignidad». En esta línea opinó que desde el periodismo «no podemos seguir revictimizando en nuestros discursos a ninguna de las víctimas, ni a las del pasado presente ni a las del presente presente. También podemos preguntarnos cómo contar mejor estas historias y pensar en nuevas narrativas, en cómo vamos a dar a conocer estos testimonios de vida, las consecuencias que han sufrido, cómo han sobrevivido y qué se hace con los agresores». 

Por último, también considera necesario no pensar estas violencias por separado y tener en cuenta la interseccionalidad porque las mujeres trans durante la dictadura también fueron perseguidas y detenidas sistemáticamente para ser disciplinadas, por su identidad de género y por representar un cuerpo subversivo, también es importante contar estas historias, aseguró. Considera importante «no seguir poniendo la carga de la prueba en las víctimas y que nosotras tengamos que probar una y otra vez nuestra inocencia». Recordó que Anahit Aharonian, otra de las denunciantes, ha manifestado que este tipo de violencia «fue planificada para su destrucción como seres pensantes, como seres políticos y sobre todo por ser mujeres». Es por eso, que Cordo entiende necesario «recuperar una dimensión revolucionaria que los represores quisieron disciplinar».

Contra la cultura de la impunidad y el olvido

Por último, Flor de María Meza expresó que una vez que las mujeres de este grupo efectuaron la denuncia en 2011 «dejaron de ser víctimas para pasar a ser mujeres denunciantes, mujeres que se juntaron, que se escucharon, se organizaron y denunciaron». Entiende que «los tiempos que toma la justicia uruguaya para resolver este caso responden a esa lógica perversa del sistema penal recargado e inoperante que tenemos». También reconoció que al no investigarse correctamente, se envía un mensaje de impunidad a la sociedad cuando no se sanciona y no se repara y la cultura del olvido sigue reforzándose. Es por eso que desde la Universidad, y a través del artículo 2 de la Ley Orgánica y su mandato de contribuir al estudio de los problemas de interés general y su comprensión pública, así como a defender los valores morales y los principios de justicia, de libertad, de bienestar social y los derechos de la persona humana y la forma democrática de gobierno, es que desde el Área de Derechos Humanos de SCEAM han acompañado a las mujeres denunciantes en este proceso y realizado múltiples actividades. 

Relató que el grupo ha realizado la denuncia ante la CIDH porque «los derechos humanos no se terminan en los límites fronterizos», entonces, «luchar por este caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y buscar justicia es seguir contribuyendo a que esto no se repita», aseguró. «Yo tengo la esperanza de que sí vean un resultado, Silvia y demás compañeras que están presentes acá. En eso no vamos a bajar los brazos», expresó. Indicó que la Ley de reparación por la actuación ilegítima del Estado, Nº 18.596, si bien es un avance, «es ciega al género» y no incluye a todas las víctimas porque los procedimientos de calificación que tiene excluyen a muchas de las y los beneficiarios potenciales, no tiene una disposición específica que contemple de forma expresa los derechos de las mujeres, así como las consecuencias y particularidades del sufrimiento que pudieron padecer. En este sentido, el Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff y la Institución Nacional de Derechos Humanos en 2012 y 2018 han recomendado al Estado uruguayo que modifique las leyes reparatorias 18.033 y la 18.596 porque excluyen y vulneran los derechos humanos de las víctimas del accionar del Estado. Recordó que en 2016, el Comité para eliminar la discriminación de la mujer de Naciones Unidas pidió al Estado uruguayo que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar a estos autores de las violaciones de derechos humanos de las mujeres durante la dictadura y que adopte medidas para facilitar una pronta reparación, especialmente las compensaciones y la reparaciones simbólicas. Señaló que en ese momento «las 28 denunciantes lo que más deseaban es que el Estado reconozca lo que hizo y que les pida disculpas». 

A lo expresado por Cordo, agregó que «desde el periodismo se puede escuchar con otros oídos, incorporando ese oído diferencial cuando hay temas de género. Difundir que esto que pasó no es lo normal, que son vulneraciones gravísimas y son delitos de lesa humanidad». Y así contribuir a romper esa cultura de la impunidad y del olvido, reflejando lo que «estas valientes mujeres se atrevieron a visibilizar hace 12 años con sus familiares», concluyó. 

Fuente Portal Udelar disponible Aquí