El pasado 26 de agosto se presentó ante la Comisión Sectorial de Extensión y Programas Integrales la “Sistematización del mapeo sobre producciones académicas, actividades y proyectos llevados adelante por la Universidad de la República en relación a la temática carcelaria (2020-2025)”, elaborado por el grupo de trabajo integrado por Macarena Gómez, F. Ferrigno, y Carolina Dal Monte.
Del encuentro participaron representantes de las distintas áreas y órdenes de la Udelar, y representantes del sistema carcelario y la sociedad civil como la Dra. Ana Vigna, asesora en política penitenciaria del Ministerio del Interior; Leticia Carzolio, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); y Gabriela Rodríguez de la ONG “Familias Presentes”, que nuclea a familias de personas privadas de libertad.
El documento se gestó en el marco de una línea programática del Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales proyectada desde el Plan Estratégico de la Universidad de la República para el período 2020-2024 como un posible futuro programa integral relacionado a temáticas carcelarias. De concretarse, la iniciativa implicaría la articulación con otros prorrectorados.
El trabajo consistió en la sistematización de un primer mapeo en el que se relevaron actividades vinculadas a las funciones de Extensión, Enseñanza e Investigación sobre la temática carcelaria. El informe, en primera instancia, se nutrió del aporte realizado por los servicios de todas las áreas del conocimiento y espacios centrales, los cuales aportaron los datos correspondientes al periodo 2020-2025. Ese primer caudal de información fue luego complementado con un relevamiento manual de producciones académicas en diversas plataformas y repositorios de información como Colibrí, CVuy, entre otros. Las tareas de relevamiento fueron realizadas entre noviembre de 2024 y abril de 2025, mientras que el procesamiento de los datos culminó en julio de este año.
El periodo en el cual está comprendido el estudio está marcado por un aumento del 35% de la población carcelaria hasta superar las 16.000 personas en 2025, que lo posiciona como el octavo país a nivel mundial y el primero en América del Sur en términos de prisionalización, según consigna el trabajo. Gómez explicó que más allá del periodo de gobierno que quedó comprendido en el relevamiento, el aumento de la población privada de libertad producto de las “políticas de mano dura” que “hemos privilegiado como sociedad”, es un proceso de los últimos 30 años en Uruguay, con algunos episodios puntuales de baja.
Resultados a destacar
Entre los principales resultados del informe, se destaca el relevamiento de 212 actividades o producciones académicas desarrolladas por la Udelar en relación al campo carcelario dentro del periodo 2020-2025. Del total, 40,1% fueron actividades comprendidas en la función de investigación, 35,4% fueron dentro del marco de extensión y 24,5% de enseñanza. No obstante, debe contemplarse que esta comparación cuantitativa equipara unidades de análisis disímiles, por lo que las autoras sugieren la pertinencia de incorporar en el futuro nuevos criterios para una profundización del diagnóstico por parte de Udelar.
De los 75 proyectos vinculados a Extensión, 11 fueron impulsados desde los Centros Universitarios Regionales (Cenures), entre los que se destaca el CENUR Litoral Norte, con 7 proyectos. En cuanto a los proyectos llevados adelante desde servicios del Área Metropolitana de Montevideo, la Udelar cuenta con una fuerte presencia en la Unidad N°6 de Punta de Rieles y la Unidad N°5 de Mujeres.
Asimismo, en el periodo de estudio se desarrollaron 52 actividades de enseñanza vinculadas a lo carcelario, de las cuales 46,15% fueron impulsadas desde el Área Social y Artística, 25% desde el Área Ciencias de la Salud, 21,15% de los Cenures y 5,7% de los Espacios Centrales. Si se consideran las actividades que se reiteraron en varios años se alcanza la cifra de 113 durante todo el quinquenio.
Por otra parte, se realizaron un total de 85 producciones científicas asociadas al campo carcelario, contingente que contempla tesis de grados y posgrados, libros, capítulos de libros, proyectos de investigación y artículos científicos. La mayoría de estos trabajos estuvieron vinculados al Área Social y Artística (68,89%), seguidos de Ciencia de la Salud (26,67%), los Espacios Centrales de Udelar (3,33%) y Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat (1,11%).
Subtítulo: “Si no tenemos la posibilidad de encuentro no podemos producir una política universitaria”
Durante la presentación a la comisión sectorial, Gómez enumeró los hitos y avances en cuanto a lo educativo que permitieron que la Universidad tuviera una mayor presencia en las cárceles, como la Ley General de Educación y su articulación con el sistema de educación pública, así como el convenio alcanzado en 2016 entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Udelar, que amplió el marco de trabajo para la mutua colaboración en prácticas de enseñanza, investigación y extensión.
En esta etapa el relevamiento no contempló las actividades de enseñanza de grado en las cárceles. “Esa rama, que es muy importante y tiene un desarrollo en los últimos tiempos bastante grande, tiene además un montón de desafíos muy particulares”, afirmó, y agregó que una de las definiciones futuras a tomar para la profundización de este diagnóstico será la articulación con la Comisión Sectorial de Enseñanza.
Dal Monte destacó que existen al menos 120 investigadores y docentes que realizaron publicaciones en la materia, lo que representa una base importante en el área de la investigación. “Este informe revela que hay muchísimos docentes e investigadores que están haciendo muchas actividades desde una perspectiva crítica”, destacó, pero advirtió que también “falta la posibilidad de encuentro nacional de articulación” y una “mejora en la difusión”.
Según expresó la investigadora, esta falta de articulación puede generar dificultades imprevistas como una distribución heterogénea de las actividades a lo largo del país, lo que genera inequidades entre las unidades penitenciarias. Asimismo, se suman las dificultades de acceso: “no es una cuestión de intenciones de no ir al interior sino que es muy difícil acceder a las cárceles ya de por sí porque estructuralmente están fuera de la sociedad”, señaló la psicóloga.
Otro aspecto fundamental que mencionó Dal Monte es el diálogo con otros actores de la sociedad civil relacionados a la materia, como las propias personas privadas de libertad, sus familias o funcionarios penitenciarios. “Si no tenemos la posibilidad de encuentro no podemos producir una política universitaria, ya que no es la idea que sea una bajada de línea de lo que hay que hacer y lo que no. Nos falta poder encontrarnos para ver qué estamos haciendo, con quiénes y cómo poder producir mejor tanto en la enseñanza como en la investigación o la extensión”, afirmó.
En lo que respecta a la extensión universitaria, son diversas las instituciones públicas con las que se articula. Las autoras plantean la necesidad de “diseñar espacios de consulta y diálogo” con estas organizaciones, especialmente aquellas vinculadas directamente con el rol de gestión o contralor del sistema carcelario.
Una herramienta para revisarse
En la instancia de presentación ante la Comisión Sectorial de Extensión y Programas Integrales, el prorrector Rafael Paternain destacó este informe como “una herramienta que puede servir hacia adentro y hacia afuera”, y que permitirá a la Udelar ubicarse “en términos del despliegue de distintas estrategias en materia de desarrollo académico, extensión e investigación”.
Por su parte, la subdirectora del INR Leticia Carzolio destacó la importancia del acercamiento, y que el informe permite “revisarse” tanto a la Udelar como al INR. “Para nosotros, todo lo que tiene que ver con las instituciones cercanas a la privación de libertad es fundamental trabajarlas en conjunto. En esta administración es muy importante la cogestión de acciones y programas”, afirmó la jerarca, y señaló que la necesidad de “tomar las riendas de lo que sucede» para «acompañar » los procesos.
Finalmente, Gómez destacó que este relevamiento es un aporte para una “construcción colectiva” en la que la Udelar deberá seguir impulsando políticas relacionadas en un tema “socialmente muy complejo y de mucha sensibilidad”.
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