El viernes 5 de julio se desarrolló en el Campus Luisi Janicki: pioneras universitarias, un conversatorio entre distintos actores sociales en el marco de un diálogo multisectorial para debatir las distintas problemáticas y desafíos que enfrentan los colectivos que habitan los espacios públicos. El evento fue organizado en el marco del Programa Central Estrategias colectivas para la vida digna: alternativas al encierro y calle de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio.
Participó de la instancia el Relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Javier Palummo; el defensor de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Daniel Arbulo; Mónica Giordano de la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y representantes de la ONG Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO); junto a integrantes del colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP), la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos (UCRUS), Radio Vilardevoz, Vendedores Ambulantes, Colectivo de Cuidacoches, representantes del PIT-CNT y docentes de diversos servicios universitarios.
En el intercambio, facilitado por Natalia Montealegre, la primera persona en tomar la palabra para presentar a su organización fue Stephan Blomer, del proyecto Vilardevoz, quien definió que su militancia se basa en “resolver agujeros” en la rehabilitación de la salud mental destacando el valor de la extensión universitaria en este proceso.
Por otra parte, Graciela Rodríguez, fundadora del Colectivo de Cuidacoches, planteó la necesidad de que la sociedad “los escuche y empareje” como cuidacoches. En su mensaje, expuso sobre las necesidades que atraviesan diariamente las y los trabajadores dedicados a este rubro, sin derechos consagrados y altamente estigmatizados, y resaltó la necesidad de que haya una “sensibilización” por parte de la sociedad.
Luis Catalano habló en nombre del colectivo de clasificadores, tarea que desempeña desde hace 30 años y que pasó por un proceso de regularización, que si bien aún no abarca a la mayoría de las personas trabajadoras, implicó el acceso al sistema de motocarros y los centros de reciclaje creados por el gobierno departamental.
De los actores institucionales presentes el cierre de las presentaciones estuvo a cargo del Redesca, Javier Palummo, quien destacó la importancia de la relatoría de la CIDH, ya que es el único órgano del sistema interamericano con competencia en todo el continente, creado en el marco de la Carta de la Organización de Estados Americanos.
Palummo destacó la función de monitoreo, y consideró fundamental “alimentar” los informes elaborados por la relatoría. Esto solo es posible si las distintas organizaciones y colectivos hacen llegar sus problemáticas por los canales oficiales a los efectos de que el organismo esté al tanto y pueda actuar en consecuencia.
Asimismo, el relator expuso las tres dimensiones en las que trabaja la relatoría: emergencia climática y cuidado del ambiente, empresas y derechos humanos, y políticas fiscales y políticas económicas.
Por Desarrollo Productivo del PIT-CNT participó Carlos Aulet, quien resaltó el trabajo de la central sindical con la UCRUS en el desarrollo del cooperativismo y señaló que las problemáticas en emprendimientos cooperativos no responden necesariamente a normativa, sino a “aspectos culturales”.
“El sistema en el que vivimos es el que hay que cambiar y tenemos alternativas. Por eso trabajamos en la economía solidaria y economía popular. Existen infinidad de ejemplos alrededor de nuestra América Latina en todos los campos, desde la alimentación, la vivienda o la salud”, destacó Aulet.
Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, relató el trabajo desarrollado con las y los trabajadores de clasificación de residuos en la conformación de su sindicato. “Es el único país donde los clasificadores están organizados en sindicatos y, a su vez, afiliados a la central sindical”, destacó, y señaló que “es un orgullo” para ambas organizaciones.
“Existe un montón de compañeros que trabajan en situación de informalidad o en la calle y tenemos que considerarlos como trabajadores y hacer que se reconozcan como trabajadores, que se le reconozcan sus derechos laborales, porque normalmente quedan por fuera del Derecho Laboral común”, advirtió Ramada.
Además, señaló que la formalización de las personas trabajadoras debe venir de la mano de la generación de empleo con condiciones y remuneración dignas, y definió esta visión como “el centro del trabajo”. Por otra parte, Ramada planteó la interrogante de para quiénes van los beneficios del trabajo de las y los clasificadores.
En línea similar opinó Gustavo Rotunno, representante de la Cooperativa de Docentes para una Formación Integral (Codof), colectivo que está impulsando un proyecto con Vilardevoz, y que tiene como objetivo facilitar el acceso al mundo del trabajo a personas con “trayectorias desfavorecidas”.
“Nosotros también venimos de un mundo en que asociamos el trabajo siempre a la formalización. Capaz también es un momento de pensar más en clave de derecho de dignidad y no que únicamente lo digno pasa por estar pagando BPS”, afirmó Rotunno.
También estuvo presente Tamara Paseiro, directora de Política Sociales de la Intendencia de Montevideo, quien relató el trabajo que está realizando la comuna capitalina con los colectivos de trabajadores, para lo que señaló a la “escucha” como un aspecto fundamental.
El defensor del Vecinas y Vecinos, Daniel Arbulo, señaló la necesidad de avanzar en el diálogo con las y los vecinos y manifestó la necesidad de un cambio de perspectiva sobre el uso del espacio público y el derecho a habitarlo.
“No podemos ser complaciente con nosotros mismos como sociedad y pensar que en este país no hay discriminación, no hay exclusión, no hay racismo. Pensar que nosotros recibimos de brazos abiertos a los migrantes, que las personas que participan de algunos colectivos siempre van a ser bienvenidas porque, en realidad, esa es la gran lucha. Es entender que el barrio, la plaza y el espacio público es de todas”, indicó Arbulo.
La actividad contó también con la participación de Tania Espinosa de WIEGO, quien relató la experiencia del gobierno de la Ciudad de México en el trabajo con las trabajadoras y los trabajadores insertos en el sistema de gestión de residuos, y que aún no son reconocidos como trabajadores formales por parte del Estado a pesar de las exigencias que este les impone.
La instancia ofició como punto de partida para el diálogo en torno al derecho a la vida y al trabajo en el espacio público, y logró su objetivo inicial de poner en contacto a distintos actores de la sociedad civil para debatir sobre el uso, contribuyendo a la democratización de los instrumentos disponibles para la protección de los Derechos Humanos a nivel nacional y regional .
