En el marco del ciclo por los 50 años del Golpe de Estado que la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República viene llevando adelante, se realizó la actividad Juicios de lesa humanidad con tres referentes de los derechos humanos en Argentina, Chile y Uruguay y para compartir «los aportes de la jurisprudencia regional en torno a crímenes de lesa humanidad relacionados con las dictaduras del Cono Sur», según explicó Mariana Achugar, coordinadora de la Cátedra.
Señaló que se contrastaron estrategias de la jurisprudencia en Argentina, Chile y Uruguay y se exploraron formas de promover instrumentos jurídicos para tratar crímenes de lesa humanidad y proteger los derechos humanos. «Estos crímenes afectaron a la sociedad toda y todavía nos afectan hoy», por eso es necesario «aprender y no repetir los horrores que existieron en nuestras comunidades», puntualizó.
El panel contó con la presencia de Antonia Urrejola, designada por el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU como experta internacional en derechos humanos, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex ministra de relaciones exteriores de Chile. También participó Daniel Rafecas, juez y catedrático de derechos humanos de la UBA. Ha tenido a su cargo numerosas causas judiciales como la megacausa Primer Cuerpo del Ejército y el juicio del Plan Cóndor en Argentina. Ordenó en 2023 la detención de miembros de grupos paramilitares de Orletti. Asimismo, expuso Mariana Mota, ex presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y docente de derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Procesó en 2010 a Juan María Bordaberry, presidente que dio el golpe de Estado en Uruguay en 1973, por delitos de atentado a la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político.
Desafíos de la justicia
Mota realizó una puesta a punto de las luchas y los juicios de lesa humanidad desde la salida de la dictadura hasta ahora y también las dificultades con las que se han encontrado y algunos pendientes. Expresó que la justicia tuvo que enfrentar numerosos desafíos ante las masivas violaciones a los derechos humanos porque la jurisprudencia no había conocido antes crímenes de tal magnitud y «se enfrentaba una dimensión distinta de conductas ilícitas nuevas, eran hechos realmente terribles que realmente movilizaban al sistema judicial». Las denuncias muchas veces indicaban los posibles autores pero la mayoría de las veces no, por lo que se precisaba una investigación más exhaustiva para reunir las pruebas, puntualizó.
Señaló que las dictaduras de la región tuvieron muchos puntos en común tales como la doctrina de seguridad nacional que les guiaba, utilizaron iguales métodos represivos y sostuvieron una coordinación para la vigilancia, persecución y detención en marco del plan Cóndor. No obstante, las formas en que los países lograron salir de estos regímenes totalitarios fueron diferentes y marcaron la manera en que luego desplegaron los modelos de Justicia transicional para abordar los crímenes perpetrados. Mota explicó que en el caso de Uruguay, se recuperó la democracia luego una etapa transicional caracterizada por varias reuniones entre jerarcas militares y políticos donde se acordó la forma en que los militares dejaban el poder. Dentro de ese acuerdo se negociaron las responsabilidades que tuvo el régimen dictatorial por los crímenes cometidos: «hubo límites impuestos y aceptados que luego se fueron corrigiendo a fuerza del reclamo de las víctimas, pero esa delimitación aún se mantiene y deja fuera del análisis judicial la responsabilidad de civiles que participaron en la dictadura, porque sólo se ha enjuiciado a quien dio el golpe de Estado y al ministro de Relaciones Exteriores».
Indicó que «estos frenos y condicionamientos a la actividad de la justicia» permiten afirmar que la dictadura fue más exitosa en la transición que durante todos los doce años de ejercicio ilegítimo del poder, según manifiestan algunos estudios. Esto se visualiza en las limitaciones impuestas para llevar adelante las investigaciones penales que «tuvieron su primera expresión con la Ley de caducidad que fue una exitosa fórmula para paralizar las investigaciones penales», además, existieron otros pactos para restringir la continuación de la justicia como el traslado de jueces y fiscales, apuntó. También se interpusieron recursos procesales eficientemente planteados para prolongar por años las decisiones, agregó. Señaló Mota que a pesar de las dificultades hubo algunos magros resultados como la encarcelación de unos cuarenta represores, sin embargo «aún no existe condena por los abusos sexuales ni por los adolescentes que vivieron el mismo infierno que los adultos, ni tampoco hubo juicio por las destituciones o investigaciones sobre la vigilancias y persecuciones políticas, ni se abrieron causas respecto del instituto económicos».
Asimismo, explicó que en Uruguay «aún no se ha logrado el consenso en la aplicación de la normativa internacional y en la consideración de estos crímenes como de lesa humanidad». Esta resistencia «mantiene el análisis de lo ocurrido en un restringido campo de confrontación entre dos fuerzas de conflicto armado». Además, la actitud del Estado a lo largo de las distintas administraciones de gobierno «ha sido de restringir la significación de estos hechos asignando en exclusividad su abordaje al Poder Judicial».
Derecho al saber colectivo
Distintos países de la región abordaron la discusión sobre la aplicación de las convenciones internacionales, pero en Uruguay este análisis no se realizaba porque desde 1986 hasta 2009 las causas se encontraban paralizadas debido a la Ley de caducidad, explicó. «Sin duda la sociedad civil y principalmente las organizaciones de derechos humanos han sido quienes sostuvieron y sostienen la exigencia de Justicia, memoria, verdad y reparación», señaló. Opinó que en Uruguay aún estamos lejos de los estándares que exige la Convención Americana sobre DDHH en torno al derecho a la verdad y al deber de investigar y precisó que según la Corte Interamericana de DDHH este es un deber que tienen que asumir los Estados como propio, y no por la gestión de intereses particulares o iniciativa procesal de las víctimas.
En nuestro país todas las causas han sido abiertas por iniciativa de las víctimas o de sus familiares, indicó Mota, además, la Justicia ha hallado obstáculos en el acceso a la información necesaria para determinar el destino de los detenidos desaparecidos y para esclarecer la responsabilidad de los autores de los crímenes de lesa humanidad. Ha encontrado silencio por parte de los indicados y dificultades para acceder a archivos, señaló. Según la Corte Interamericana de DDHH «no es posible que el Estado alegue obstáculos internos para eximirse de una obligación internacional», debe garantizar que todas las instituciones públicas brinden las facilidades necesarias al tribunal que conduce un caso. En Uruguay «esta colaboración no se verifica», indicó. El organismo internacional también sostiene que los particulares que entorpezcan, desvíen o dilaten indebidamente las investigaciones deberán ser sancionados, agregó.
«Sin duda es necesario considerar la dimensión social que estos juicios representan», afirmó Mota. Explicó que no basta la mirada legal sobre estos crímenes si no va estrechamente unida a la consideración del contexto histórico. En relación a las víctimas explicó que es innegable el impacto que tiene para estas materializar el acceso a la justicia pero al mismo tiempo es profundamente removedor y revictimizante traer al presente recuerdos traumatizantes. Por eso se requiere que las sedes judiciales «sean ámbitos donde la protección a las víctimas, testigos y denunciantes esté garantizada». El Estado uruguayo no ha aportado este acompañamiento en ninguna de las causas tramitadas, observó.
El interés en la persecución de los delitos de lesa humanidad «trasciende el de las víctimas para alcanzar a toda la sociedad, que también tienen derecho a saber lo ocurrido», afirmó Mota. El derecho al saber colectivo debe verificarse durante todo el proceso judicial, puntualizó; al poner en evidencia las fallas en la protección estatal, este derecho oficia como garantía de no repetición y también como un acto de reparación a las víctimas.
Finalmente expresó que en el camino transitado por Uruguay en los juicios de lesa humanidad se han superado dificultades y otras aún persisten y es probable que el tiempo transcurrido impida alcanzar la verdad judicial en muchas causas porque los posibles responsables ya hayan fallecido. No obstante, nada impide que continúe la búsqueda de la verdad.
Vea aquí la actividad completa con las exposiciones de Mota, Urrejola y Rafecas.
Fuente Portal Udelar disponible Aquí
