El Área de Derechos Humanos de la Unidad Académica de Extensión viene participando del Grupo “Memorial de Mujeres”. Este grupo está integrado por mujeres luchadoras sociales, gremiales, culturales y políticas. Miles de ellas fueron indebida e ilegítimamente privadas de su libertad, detenidas, torturadas y recluidas en condiciones inhumanas durante el Terrorismo de Estado en Uruguay. Fueron reprimidas en su doble condición de luchadoras y de mujeres.
El aporte femenino fue un factor clave y decisivo en la resistencia de estas luchadoras hasta el retorno a la institucionalidad democrática. El mismo no ha sido, hasta el momento, debidamente reconocido ni por la sociedad ni por el Estado.
Es por ello que este Grupo busca construir, a la mayor brevedad, un Memorial que recuerde y homenaje a todas las ex presas políticas de dicho período. A todas quienes estuvieron privadas de libertad, aunque no hayan sido formalmente condenadas por tribunales militares.
En la jornada de este jueves 3/10 a las 12 horas se realizó la colocación de la piedra fundamental de este Memorial de Mujeres, en la plaza Julia Arévalo de Roche: Av. Agraciada y Av. de las Leyes. El CDC ha manifestado su apoyo para la construcción de este Memorial mediante resolución del 30 de julio pasado Ver Aquí
LAS MUJERES CONSTRUIMOS HISTORIA DEFENDIENDO LA VIDA
Exposición de Motivos de la construcción de un memorial de las ex presas políticas
“No existe tortura que no tome en cuenta el género de la víctima. No existe tortura neutral”
Sentencia Caso Penal Castro Castro vs. Perú.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A treinta y cuatro años de haber salido en libertad, las mujeres presas políticas reivindicamos la necesidad de un Memorial que identifique y reconozca por parte del Estado Uruguayo los aportes de las mujeres en las luchas: la movilización, la resistencia, y la salida democrática de nuestro pueblo. Estos aportes no han sido, hasta el momento, debidamente reconocidos ni por la sociedad ni por el Estado. La violación de los derechos humanos, durante la actuación ilegitima y el Terrorismo de Estado (1968-1985), según Ley 18 596, invitan a una reflexión profunda sobre el tema, que incluya a todos los sectores de la sociedad para que estos hechos no se repitan NUNCA MÁS.
El 27 de junio de 1973, el Golpe de Estado instaló formalmente la dictadura cívico-militar que formó parte del Plan Cóndor de las fuerzas represivas de la región, para ejercer el poder mediante la tortura, las violaciones, los asesinatos, las desapariciones forzadas, el secuestro, las cárceles y los centros clandestinos de detención, ocasionando una verdadera tragedia nacional cuyos efectos y daños se extienden por lo menos hasta la tercera generación de las víctimas.
Especial consideración merecen: los niños, niñas y adolescentes detenidos, presos y torturados y enviados a establecimientos lejos de sus familias; los y las que fueron arrancados de sus familias y perdieron su identidad; los que nacieron en prisión y vivieron sus primeros años en condiciones inhumanas junto con sus madres; los que visitaban a sus padres y madres presas, los que fueron obligados a abandonar el país. Miles de mujeres fuimos indebida e ilegítimamente privadas de libertad. Como consecuencia de las torturas muchas compañeras perdieron sus embarazos, fueron asesinadas o permanecen hasta el día de hoy Detenidas-Desaparecidas.
Fuimos reprimidas por nuestra doble condición de mujeres y de luchadoras. La ideología patriarcal afirmada en el militarismo hizo aún más rígida la división sexual del trabajo. Desde esa mirada, los hombres ocupaban el espacio público, la militancia política y sindical, mientras que las mujeres debían ocupar su rol de esposas-madres, guardianas del hogar. Las mujeres militantes transgredimos ese mandato exponiéndonos a un ensañamiento por parte de los militares que nos consideraron doblemente culpables. Fuimos expuestas a todo tipo de vejámenes por la oficialidad de turno, llegando incluso a alentar a la tropa a cometer las mismas deplorables violaciones sexuales y tortura. Nuestros cuerpos fueron considerados objetos que pretendían utilizar a su antojo con el objetivo de humillarnos, quebrarnos y destruirnos física y psíquicamente.
Nos encerraron en campos de concentración, a lo largo y ancho del país, especialmente diseñados para destruirnos promoviendo situaciones que pudieran provocar conflictos y divisiones entre nosotras en un clima de inestabilidad e inseguridad permanente. Bajo esas condiciones extremas nos unimos, nos solidarizamos, nos abrazamos, nos protegimos, y solo así hemos sobrevivido a esa barbarie. El Memorial pretende rescatar la memoria frente a una cultura que cultiva el ejercicio del olvido y la impunidad, lo que implica reconstruir una historia en parte ignorada y silenciada. Reconocemos la importancia de la aprobación en su momento de las leyes reparatorias 18033 y 18596 que nos dan el marco legal para plantear nuestras reivindicaciones. Sin embargo, subrayamos que la justicia no ha reconocido hasta ahora la represión sufrida por las mujeres, dentro y fuera de fronteras, durante el Terrorismo de Estado.
Ninguna condena por tortura, ni por las violaciones de mujeres, jóvenes y niñas, ha sido pronunciada a casi 50 años de los hechos, a pesar de las múltiples denuncias. El Estado uruguayo continua omiso frente a sus obligaciones establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos incluyendo a todos los tratados que Uruguay había ratificado, entre ellos la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
El Comité de expertos independientes de la CEDAW recomendó al Estado uruguayo, el 14 de julio de 2016:
(i) que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de violaciones de los derechos humanos de las mujeres durante el régimen de facto; y
(ii) que adopte medidas para facilitar una pronta reparación, en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas, para las mujeres que han sido víctimas de esas violaciones (punto 22).
El 16 de diciembre de 2005, la resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU en el Principio 22, literal g, refiere al derecho de las víctimas a conmemoraciones y homenajes. Por todo lo expuesto, las ex presas políticas conjuntamente con CRYSOL, mujeres de diversas instituciones y organizaciones sociales, militantes por los DDHH, queremos hacer realidad este Memorial que denominamos ‘LAS MUJERES CONSTRUIMOS HISTORIA DEFENDIENDO LA VIDA” como homenaje a todas las ex presas políticas del periodo comprendido entre 1968 y 1985, hayan o no sido condenadas por los tribunales de la época.
Aspiramos a que este Memorial se instale en la ciudad de Montevideo, en un lugar representativo de toda la República Oriental del Uruguay a fin de trasmitir a las generaciones venideras un mensaje de paz y de esperanza en la NO REPETICION de esta tragedia nacional
¡NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO!
Compartimos la declaración leída por Nélida “Chela” Fontora Declaración de Chela Fontora 3.10.19
Dejamos algunas capturas de esta conmovedora instancia: