Sarachu señaló que en el equipo que elaboró este informe participaron por la Udelar la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA), el Área de Estudios Cooperativos y Economía Social y Solidaria y el Observatorio de Conflictos Territoriales integrado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el Programa Integral Metropolitano (PIM). Añadió que cuando se aprobó la Ley N.º 19829, a fines de 2018, se creó el grupo por iniciativa de la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, que convocó a participar en este espacio a la Udelar, a FUCVAM y a sindicatos vinculados al tema gestión de residuos, como UCRUS.
Resaltó que en el marco de este espacio, en 2019 realizaron algunos conversatorios con todos los candidatos a las intendencias y en 2021 se volvieron a llevar a cabo estas instancias ya con los intendentes electos. Estos encuentros fueron parte de los insumos con los que elaboraron el informe que presentó el Grupo al final del trabajo.
Sarachu recordó que el trabajo de este equipo comenzó enfocándose en el objetivo con el que se constituyó, que era pensar cómo reglamentar la LGIRS y en el 2019 comenzaron a desarrollar algunas acciones con el fin de colocar el tema de la gestión de residuos en el debate público. Esto se priorizó porque se entendió que en el proceso de aprobación de la ley la discusión había tenido enormes dificultades, en especial a nivel de las intendencias, para pensar una gestión integral de residuos. El trabajo del grupo también se vinculó al fortalecimiento y la visibilidad del UCRUS, sindicato de clasificadores que participa activamente en la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT.
Alcances de la LGIRS
El objetivo de la Ley N.º 19829 (más info: AQUÍ) se plasma en el artículo 1 de la reglamentación donde expresa: «La presente ley tiene por objeto la protección del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación, el manejo y todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de sus posibilidades de generar valor y empleo de calidad».
Sarachu entiende que la Ley generaba el escenario para cambiar de paradigma en la gestión de residuos ya que habilitaba a pasar de su uso corriente, al diseño de distintas estrategias de manejo y de gestión de los residuos en todos sus aspectos e introducía un componente importante de inclusión social. Acotó que luego de su aprobación la LGIRS pasó por distintas situaciones, entre ellas la transición de gobiernos en 2020, con momentos en los que se pospuso su reglamentación. Indicó que el Grupo trabajó en elaborar distintas propuestas para la instrumentación de esta Ley y se las hizo llegar al Ministerio de Trabajo. Apuntó que cuando comienza a funcionar el Ministerio de Ambiente creado por el nuevo gobierno, toma a su cargo la implementación de la LGIRS y comienza a llamar a los grupos de trabajo para la reglamentación de la Ley. En estas instancias participan varios espacios de la Udelar que trabajaban en el tema, entre ellos el Grupo que conformó la secretaría de medio ambiente del PIT-CNT, que llevó las iniciativas y propuestas elaboradas en este espacio. Destacó que finalmente se logró que se construyera el Plan Nacional de Gestión de Residuos (PNGR) el que se presentó en octubre de 2021.
Plan Nacional de Gestión de Residuos
Algunos de los aspectos de la LGIRS incorporados en el Plan son el cierre de vertederos a cielo abierto, la valorización de residuos, la recolección selectiva y la inclusión social y formalización de los trabajadores recicladores. Sarachu destacó que estas líneas, en especial la de eliminación de vertederos como las usinas de disposición final de las intendencias, muchas veces colapsadas, «implican un cambio rotundo». «De alguna manera apuntan a pensar toda la cadena de gestión de residuos que incluye cómo se generan, cómo se puede hacer una clasificación en el origen, cómo se puede estimular la clasificación a nivel de los hogares, de los pequeños, medianos y grandes comercios, de los organismos públicos y que cada uno tenga un plan de gestión de sus residuos», sostuvo. Añadió que la Ley genera condiciones para tener un manejo de residuos orientado a una mayor clasificación e introduce criterios de integración para todas las iniciativas que puedan desplegar las trabajadoras y trabajadores que se dedican a la clasificación, que apunten a dignificar el trabajo de estas personas a través de su valorización y de la generación de circuitos limpios de manejo de residuos.
Destacó que apuntando a la recolección selectiva se plantearon algunas propuestas con respecto al uso de los residuos orgánicos como la elaboración de compost, el impulso de composteras comunitarias y una articulación mucho mayor con la producción de huertas y el mejoramiento de tierras. Entiende que aunque existen algunas experiencias a nivel departamental es una línea que se encuentra aún muy lejos de profundizarse en el país. «Se supone que si funcionan todas las estrategias de recuperación en origen, van a ser muy pocos los residuos que se tengan que enterrar», apuntó.
Valoración del Plan
No obstante en el informe el Grupo señala que algunos aspectos importantes de la Ley quedaron por fuera del Plan, «gran parte de ellos eran los que le daban la viabilidad al Plan, como el Fondo Nacional de Gestión de Residuos», expresó. Sarachu explicó que la Ley N.º 19829 original establecía que este fondo se constituiría con un impuesto a los grandes generadores de residuos y solventaría la implementación de las estrategias de valorización, de gestión y de inclusión social a las que apunta la Ley. Finalmente no hubo acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Medio Ambiente para generar este impuesto por lo que el Fondo no se concretó. «No contar con ese fondo nos descapitaliza la Ley, su implementación queda a voluntad de cada uno de los actores participantes y se pierde algo que sería un instrumento para esta política», afirmó. Añadió que por tanto el Plan no cuenta con una financiación propia por lo que se supone que las intendencias departamentales deben adecuar sus planes al PNGR y movilizar recursos para este fin.
Asimismo considera que no se avanzó demasiado en términos operativos, algunos mecanismos establecidos en la Ley quedaron pendientes como el registro nacional de clasificadores y el registro nacional de valoración de residuos, que debía llevar adelante el Ministerio de Trabajo. Sarachu explicó que el Ministerio señala como causa de que este requisito no se haya cumplido, el cambio de los gobiernos departamentales en setiembre de 2020. Sostiene que la prioridad central es implementar el registro nacional de clasificadores y clasificadoras, que se han incrementado como única forma de obtener algún tipo de ingreso, en el contexto de crisis económica y aumento de la desocupación. Informó que en este momento el Ministerio y las intendencias están discutiendo cuáles serían los mecanismos para llevarlo a cabo. Consideró que es a través del Registro Nacional «que uno va a reconocer que hay un conjunto de trabajadores y trabajadoras que se dedican ya a esta actividad y que pueden desplegar sus capacidades y saberes y acreditarlos para poder reinsertarse en otras experiencias».
Otra prioridad paralela a esta es la elaboración del registro de iniciativas, a través del cual se puedan visualizar los caminos, los distintos circuitos posibles para los residuos y la inserción de los trabajadores y trabajadoras a cargo de la clasificación, en un marco de formalización. Sarachu señaló que para tener una idea, aunque es necesario actualizar los datos, en Montevideo se calcula que existen entre 4000 y 5000 clasificadores y de ellos los trabajadores que se encuentran formalizados en distintas experiencias son sólo de 130 a 140, el resto desarrollan su labor de forma autónoma, sin vinculación contractual con el ámbito privado ni público. Esto hace que su ingreso dependa exclusivamente de la propia empresa que le compra los materiales. Entiende que esa informalidad al ser funcional es muy difícil de cambiar, por tanto es necesario una fuerte intervención pública, «por eso la Ley N.º 19829 era auspiciosa en el sentido de habilitar este tránsito entre la informalidad y la creciente formalización de los trabajadores y trabajadoras del sector», expresó.
Desafíos a futuro
Sarachu sostuvo que al país se le presenta el desafío de pensar la cadena de gestión de residuos hacia adelante, «implica que no se generen residuos que no tienen donde reciclarse, por eso tenía sentido el impuesto que preveía la Ley, que gravaba los residuos no reciclables, como para desestimular la existencia de estos». Asimismo entiende que es necesario promover en la producción el uso de aquellos materiales que si son reciclables. En este sentido señaló que un ejemplo polémico en Uruguay es la fábrica uruguaya Envidrio, que podría reciclar todos los productos de vidrio existentes, pero que se encuentra parada en la actualidad ya que no hay sistemas que incentiven a la recuperación de este material.
Sostiene que en la práctica esta Ley «queda a medio camino ya que está a cargo de un ministerio nuevo, sin mayor capacidad operativa y se implementa a través de un Plan sin mucho respaldo material». «Hay que ver cómo se dosifica esto con planes departamentales que le den más sustento efectivo a esta ley», añadió. Resaltó que también es fundamental que la sociedad civil a través de las organizaciones que la forman y con el aporte que se pueda realizar desde la Udelar, tomen este tema apuntando hacia una intersocial más amplia que permita un cambio cultural en el manejo de los residuos.
En cuanto a los requerimientos a la interna de las instituciones públicas como la Udelar, Sarachu explicó que todos los organismos deben elaborar un plan de gestión de residuos. En este sentido en la Udelar el prorrectorado de Gestión junto con la RETEMA han estado trabajando a la interna de la Universidad en educación ambiental y en el desarrollo de propuestas, con las intendencias de cada una de las facultades y servicios de la institución, con el fin de crear criterios comunes para el manejo de residuos. A nivel del Grupo suponen que a medida que la implementación del plan avance se van a requerir cambios importantes hacia dentro de la Udelar en lo que tiene que ver con la cultura universitaria que involucra a trabajadores docentes y no docentes y a estudiantes, para hacer sustentable este plan.
Informe de actuación de grupo interinstitucional, disponible AQUÍ
Fuente: Portal de la Universidad de la República, disponible AQUÍ